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COINCIDEN QUE NO ES NECESARIO CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

En la medida que la Constitución Política del Perú de 1993 ha posibilitado que el país logre niveles de crecimiento y estabilidad macroeconómica sin precedentes que permitieron reducir la pobreza en más de 20%, no debería ser cambiada en su totalidad, sin embargo, si requiere modificaciones puntuales para perfeccionar el marco jurídico nacional.  

Esa fue una de las principales conclusiones del Jueves Minero del 11 de febrero que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) en el que participaron la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín; el expresidente de Comex Perú, Alfonso Bustamante, y el extitular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Roque Benavides. Como moderador estuvo el exministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla.

Aljovín sostuvo que en el Perú no se requiere un cambio de Constitución sino usar los mecanismos que establece la propia Carta Magna para modificar temas como la vacancia presidencial, que en el último quinquenio ha provocado una grave crisis política. 

Por su parte, Bustamante comentó que lo que hace falta en el país más allá de formular una nueva Constitución es que el Estado cumpla en forma eficiente lo que en ella dice. “El sector privado ha cumplido con la creación de valor, pero el que ha fallado es el Estado en la generación de condiciones mínimas a nivel de infraestructura social, salud y educación”. 

Al respecto, Benavides expresó que queda claro que la Carta Magna de 1993 está mejor lograda que la de 1979 y responde al cambio que constituyó en el mundo la caída del muro de Berlín. “Ya ha sido modificada y puede seguir siéndolo, sin embargo, la realidad nos demuestra que con esta Constitución y su capítulo económico, el Perú ha crecido mucho en los últimos años”.  

De otro lado, el exministro de Economía y Finanzas, en la presentación del Jueves Minero, destacó que los sectores pesca y agropecuario son de los pocos que han podido amortiguar de alguna forma la fuerte caída de otras actividades económicas.

“El principal acierto de las autoridades monetarias y fiscales ha sido tratar de evitar la ruptura de la cadena de pagos, a través de liquidez garantizada. Esto ha salvado dos millones de puestos de trabajo”, puntualizó.

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