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DILIGENCIA MINERA PÚBLICA Y PRIVADA

Ing. Walter Casquino, vicepresidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.

ANTECEDENTES

En 1776, en su obra “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, el economista escocés Adam Smith propuso que, en condiciones ideales, las fuerzas de la oferta y la demanda —la polémica mano invisible— debían regular las actividades económicas y que el sector privado, al generar su propio bienestar estaba en condiciones de producir también beneficio social. Además, propuso que el modelo tendía a provocar fallas que creaban diferencias entre los costos privados y los costos sociales, por lo que había que darles especial atención para facilitar la aplicación práctica del modelo. Entre otras, describió las siguientes fallas: información imperfecta, competencia imperfecta, externalidades, inadecuada intervención estatal y bienes públicos. Por lo tanto, para que el modelo tenga éxito es menester analizar no solamente la oferta (el recurso minero disponible), y la demanda (el consumo y los precios), sino también las condiciones en que interactúan estas dos fuerzas aparentemente independientes. Si estas condiciones no son adecuadamente ajustadas y corregidas, el modelo fallará y no producirá los beneficios esperados, sino más bien dará paso a otros problemas que pueden afectar sustantivamente la vida en común. La gestión del modelo tiene entonces tres pilares:

  • El manejo de la oferta.
  • El manejo de la demanda.
  • El manejo de las fallas inherentes del modelo.

La base de libertad individual que pregona este modelo lo ha hecho que sea preferido por muchas naciones, lográndose diversos resultados que dependen de la forma en que cada nación encara su gestión, que al final de cuentas determina la interacción del sector privado con el sector público, que fluctúan, entonces, entre flexibles y condescendientes, hasta ásperas y enconadas.

La mejor solución sería que fuera el propio sector privado el que pudiera superar las fallas que el mundo real le presenta al modelo, lo que puede lograrse con empresarios motivados y conscientes de que la utilización eficiente de los recursos se da cuando los correspondientes costos y beneficios privados y sociales, tienden a igualarse. De esta manera, se evitaría la tendencia del Estado a intervenir en el modelo para realizar las necesarias correcciones.

Existe un círculo virtuoso entre el nivel educativo y la aplicación práctica del modelo que ha permitido que esta condición pueda cumplirse en algunos países con un alto grado de capital social (instituciones capaces de una esmerada autogestión). Existen en Europa algunos países que han logrado una sosegada interacción público privada en la aplicación real del modelo.

Sin embargo, la realidad en Latinoamérica es tal, que la disparidad empresarial educativa —de grandes y de pequeños— es tan aguda, que las medidas correctivas al modelo requieren la intervención estatal que, a su vez, tiene que ser debidamente capacitado y estar plenamente consciente de la magnitud —calidad y cantidad— de su intervención, para que se logre el objetivo. La mayoría de las veces, el Estado incurre en la sobre o subestimación del problema, dando origen a otra falla del mercado que se conoce como “inadecuada participación estatal” en la que el “remedio sale resultando peor que la enfermedad”, terminándose en actividades económicas sobre o subreguladas. La persistencia en este tipo de accionar genera, sin darnos cuenta, nuevos monstruos que luego queremos superar aplicando procedimientos inocuos que solo atacan a los síntomas de la enfermedad, sin tocar las causas. Este es el caso de la informalidad y los conflictos alrededor de los megaproyectos productivos y de infraestructura. Y así nos vamos pasando ya muchas lunas, tratando de desatar este nudo gordiano, que —como en la historia— termina muchas veces a “sablazos”, dando origen a los procedimientos dictatoriales que continúan “echando más leña al fuego”.

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